Estudio del salario mínimo interprofesional español desde la perspectiva del Derecho del Consejo de Europa y de la Unión Europea y su comparación con el de otros Estados miembros

El establecimiento de un salario mínimo pretende cuantificar la acción de dar que supone el cumplimiento del deber empresarial de retribuir el trabajo realizado y garantizar la obtención de ingresos económicos suficientes para hacer frente a las necesidades de la vida de la persona trabajadora y de aquellas otras que de ella dependan. El derecho a una remuneración suficiente (previsto en el artículo 35.1 de la Constitución Española) es el punto de partida para analizar aquí la cuantía del salario mínimo interprofesional en España, tomando como referencia legal (y obligatoria) tanto el Derecho del Consejo de Europa (en esencia, la Carta Social Europea y su interpretación y aplicación por parte del Comité Europeo de Derechos Sociales), como el Derecho de la Unión Europea (en esencia, la Directiva 2022/2041, que permite a los Estados miembros fijar cuantías inferiores a las aplicables en virtud de la Carta Social Europea). Desde la perspectiva del Derecho del Consejo de Europa, el salario mínimo interprofesional español –que aquí se analiza comparándolo con lo que se regula al respecto en Alemania, Francia, Portugal e Italia– no garantiza en su cuantía un nivel de vida digno y, por ello mismo, es manifiestamente injusto, razón por la cual resultan de suma importancia todas aquellas iniciativas que proponen situarlo como mínimo en el 60% del salario medio neto (cumpliendo lo dispuesto por el Comité Europeo de Derechos Sociales en aplicación de la Carta Social Europea), superando así los mínimos marcados por la Directiva (EU) 2022/2041, cuya viabilidad –que se había cuestionado en un recurso de anulación interpuesto por el Reino de Dinamarca (apoyado por el Reino de Suecia), dando lugar a que el Abogado General, en sus Conclusiones, propusiese su nulidad total– se ha visto confirmada en gran parte por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 2025 (asunto C-19/23).