Justicia energética, un sueño de realización improbable

Este artículo analiza de manera crítica la estructura tarifaria del servicio público de energía eléctrica en Colombia a partir de la metodología de costos de la Resolución CREG 119 de 2007. Aunque el modelo se presenta como técnicamente robusto y orientado por la eficiencia económica y la suficiencia financiera, su implementación evidencia profundas desigualdades territoriales y sociales. Se demuestra que los costos de generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas reconocidas y restricciones operativas son trasladados casi en su totalidad al usuario final, minimizando el riesgo de mercado de los agentes. Asimismo, el esquema de subsidios y contribuciones por estratos –no territorial– reproduce injusticias estructurales, pues las zonas con mayores costos energéticos suelen coincidir con menores ingresos y menor capacidad de pago. Se propone repensar la tarifa desde la justicia tarifaria y energética, incorporando criterios diferenciales territoriales, eficiencia comparada y mecanismos redistributivos más equitativos.